El Ministerio de Deportes define las normas para el uso de los recursos de apuestas deportivas.
El decreto limita los gastos administrativos al 25% de los fondos públicos, regula la gestión de los fondos públicos por parte del Comité Olímpico Brasileño (COB), el Comité Paralímpico Brasileño (CPB) y otras cuatro entidades deportivas nacionales de primer orden, y exige transparencia en la aplicación de los fondos provenientes de la Ley 14.790 por parte de las organizaciones deportivas.
